En el marco de la indagatoria que involucra a Isabel Allende, se reveló que el Fiscal Cooper solicitó autorización para allanar incluso dependencias de La Moneda. Aunque la diligencia finalmente no se concretó, la información generó fuerte impacto político. «Se evaluó ingresar a oficinas públicas si era necesario para obtener antecedentes», trascendió desde el Ministerio Público. El objetivo era profundizar en la investigación de posibles irregularidades.

La fiscalía apuntaba a revisar documentos y comunicaciones que pudieran vincular a autoridades con operaciones cuestionadas. «El alcance de la investigación debía ser total para garantizar su transparencia», explicaron fuentes judiciales. La noticia aumentó la presión sobre el gobierno, que debió aclarar que no ha obstruido ningún proceso legal. Desde el entorno de Allende, reiteraron su disposición a colaborar.

Este episodio refleja el alto nivel de sensibilidad que rodea actualmente a las investigaciones por eventuales actos de corrupción. La posibilidad de intervenir recintos de alta autoridad simboliza la gravedad que atribuyen a estos hechos. Por ahora, las diligencias continúan en reserva, aunque se anticipa un nuevo remezón en el mundo político.