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La Corte Suprema emitió su primer fallo tras los polémicos dichos de Evelyn Matthei sobre los «muertos inevitables», condenando a exoficiales del Ejército por el asesinato de 14 dirigentes sindicales en 1973. El caso, que se refiere a ejecuciones extrajudiciales ocurridas en Copiapó, fue calificado como de violaciones graves a los derechos humanos. «Estos crímenes deben ser sancionados con la máxima severidad», señaló la resolución del tribunal. El fallo fue recibido como una señal de justicia tardía, pero necesaria.
Entre los condenados figuran varios exintegrantes del Regimiento Atacama, responsables de las ejecuciones tras el golpe militar. La Corte Suprema confirmó las penas de prisión efectiva, cerrando décadas de impunidad en este caso emblemático. «No existía ningún estado de necesidad que justificara estos actos», sostuvo uno de los ministros en su voto. El fallo también establece indemnizaciones a favor de las familias de las víctimas.
El contexto político amplificó el impacto del fallo, dado que se produce tras las declaraciones de Matthei que relativizaron los crímenes de la dictadura. Diversas organizaciones de derechos humanos celebraron el dictamen como un paso hacia la verdad histórica. El veredicto reafirma el deber del Estado de sancionar las violaciones a los derechos fundamentales, incluso medio siglo después. Se espera que otros casos pendientes también avancen en los próximos meses.
