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El máximo tribunal del país cerró la puerta a la apelación de una estudiante de Derecho de la Universidad de Tarapacá. Su argumento para faltar al examen final de un ramo y, consecuentemente, reprobarlo, fue su adhesión al paro estudiantil.
La calificación final de 3,1 selló su destino académico, significando la pérdida de la asignatura y un semestre de retraso en su avance curricular. Sin embargo, la Corte Suprema desestimó su reclamo, al considerar que la inasistencia carecía de justificación válida, contrastando con la presencia de otros alumnos en la evaluación.
La voz de la decana resonó en la decisión del tribunal, argumentando que ceder ante la petición de la estudiante sentaría un precedente de trato desigualitario hacia aquellos que sí cumplieron con sus deberes académicos. La justicia, en este caso, se inclinó por la equidad en el cumplimiento de las normas universitarias.
