Quedó completamente zanjado el caso judicial que conmocionó a la opinión pública por involucrar a un comerciante y a su hijo en la muerte de un joven asaltante. La Corte Suprema resolvió rechazar el último recurso presentado por la defensa y confirmó la sentencia que obliga a ambos a pagar una indemnización de $20 millones a los padres del fallecido, reafirmando su responsabilidad civil en los hechos.
El máximo tribunal ratificó que la muerte del joven no ocurrió bajo una situación de legítima defensa inmediata, sino tras una persecución posterior al robo en la panadería. Durante la huida, el asaltante fue alcanzado y atacado por los condenados, recibiendo disparos y heridas con un florete, lo que finalmente le provocó la muerte. Para la justicia, estos actos constituyeron una conducta distinta a la defensa del local, configurando una acción penalmente reprochable.
En su resolución, la Primera Sala de la Corte Suprema sostuvo que no existieron errores en la aplicación del derecho ni en la valoración de las pruebas realizadas previamente. El fallo fue enfático en señalar que el actuar de los imputados fue una “acción dolosa” acreditada, descartando así cualquier argumento que intentara justificar la muerte del joven como una reacción instintiva o proporcional frente al delito.
Finalmente, el tribunal indicó que el pago corresponde al daño moral sufrido por los padres del fallecido, considerando que la respuesta violenta al robo derivó en una vulneración grave de derechos fundamentales. Con el rechazo del recurso de casación, la sentencia queda firme y ejecutoriada, cerrando definitivamente la vía judicial del caso, pese al voto en contra del ministro Arturo Prado.